En México es preciso vincular la economía circular con la economía social y solidaria, ya que nuestro país, al igual que otros países de Latinoamérica, presenta los niveles de desigualdad social más altos del planeta.
Un texto de la Dra. Cristina Cortinas[1]
Las políticas públicas son el instrumento de gestión de las instituciones gubernamentales, mediante el cual formulan las acciones que les permiten operativizar y justicializar los derechos humanos[2].
Derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
| Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales |
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Entre ellos se pueden ubicar los siguientes, relevantes a la gestión ambiental y a la prevención, aprovechamiento y valorización de los residuos en una economía circular: Artículo 3º: Todo individuo tiene derecho a recibir educación. Artículo 4º: 1. Igualdad entre mujeres y hombres. 2. Poder acceder a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 3. Gozar de la protección de la salud por parte del Estado. 4. Poder desarrollarse en un medio ambiente sano. 5. Disfrutar del acceso, la disposición y el saneamiento de agua. 6. Acceder a la cultura y poder participar de una vida cultural mediante el disfrute de los bienes y servicios que el Estado proporcione. Artículo 17. … Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes… El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Artículo 28. … Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional y el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de estos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas promuevan ineficiencia en el abasto, así como elevación de los precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses… Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. |
Modificado de: CNDH (2015). Artículo 4º: Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll_Art4oDerEconomicosSocialesCulturalesAmbientales.pdf
El libro de Izarelly Rosillo Pantoja (2021), proporciona información para fortalecer la adecuada construcción de las políticas públicas, respetando el ciclo de conformación de las mismas traducido en: origen, diseño, gestión y evaluación; así como, demostrar que son una herramienta imperante para propiciar y fortalecer, el respeto a los principios rectores en materia ambiental, el desarrollo sostenible e inclusivo, a nivel nacional, y como consecuencia, un verdadero crecimiento económico integral y sustentable, tal como lo dispone el numeral 25 de nuestra Carta Fundamental. En él se plantea así mismo que, para avanzar hacia un desarrollo humano inclusivo es necesario, contar con el núcleo de la ética para la sostenibilidad contemporánea, con un enfoque comunitario y humano a nivel nacional e internacional; que permita ejecutar acciones reconocidas en los planes de desarrollo, sus líneas de acción y estrategias, generando estándares para la protección del derecho interno y facilitando la interpretación o en su caso, el estudio de derecho comparado para la progresividad y no regresividad de las políticas públicas.
En el mismo orden de ideas, es importante para la formulación de una política pública en materia de economía circular regenerativa e incluyente, tomar en consideración que la justicia social en materia educativa implica compromiso social y responsabilidad de toda la sociedad a fin de conservar y fortalecer la cohesión armónica de la sociedad mexicana, el desarrollo de las instituciones, así como aminorar las asimetrías socioeconómicas, promover la distribución del ingreso y de la riqueza de los gobernados, impulsar el avance científico, tecnológico y humanista a través de la calidad educativa que nos permita, además, erradicar el analfabetismo y ser más competitivos en la era de la globalización que se sustenta en la sociedad del conocimiento.[3] Por medio de la reforma al artículo 3º constitucional, del 26 de febrero de 2013 se pretende –entre otros- una reestructuración de las relaciones entre las autoridades educativas y los docentes del Sistema Educativo Nacional, a fin de lograr la calidad educativa que permita superar el deshonroso último lugar que ocupa nuestro país en materia educativa a nivel mundial, según la evaluación realizada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), de la cual formamos parte.
Cabe señalar también que, en el contexto del programa de modernización del país, de la planeación democrática y el fortalecimiento de la rectoría del Estado en el desarrollo nacional, se realizaron reformas constitucionales a los artículos 25 al 27, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de febrero de 1983. Ello con el fin de lograr un crecimiento económico y del empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza en pro de la libertad y dignidad del individuo y de los grupos sociales. En este contexto, se introdujeron conceptos como “áreas estratégicas” bajo el exclusivo control del gobierno federal y “áreas prioritarias” en las que pueden concurrir los sectores público, privado y social.[4]
En la Exposición de Motivos de las reformas a los artículos 16, 25,26,27, 28 y 73 constitucionales[5], según Adriana Labardini Inzunza (2013), se reconocía que algunos aspectos de la modernización del país, aunados a fenómenos globales como las crisis económicas, habían ocasionado desigualdad social e impacto en el nivel de vida de ciertos sectores. Para revertir esta situación y evitar que la economía nacional se vea afectada por factores internos y externos, se proponía “fortalecer la estructura constitucional del sistema económico de la Nación”.
Más aún, en dicha Exposición de Motivos se reconoció la heterogeneidad de la sociedad mexicana que ameritaba “ir dando cauce a una creciente organización y participación de la sociedad civil en todos los procesos de la vida nacional”. Por ello, los cambios que la reforma proponía en materia económica, debían ir dirigidos a propiciar nuevas formas de relación entre el Estado y la sociedad en general. Razón por la cual, se propuso incluir “nuevos mecanismos de participación social que lleven a fortalecer y perfeccionar nuestro régimen democrático”. Esto permite entender por qué la iniciativa del Ejecutivo, de proponer reformas a los artículos citados, incluyera en una reforma predominantemente económica el aspecto de la organización y la protección de los consumidores.
En el artículo al que se ha venido haciendo referencia se señala que, sin protección legal sería imposible contrarrestar las profundas asimetrías que prevalecen entre oferta y demanda, proveedores y consumidores; y sin la organización de éstos, difícilmente puede pensarse en la defensa de sus intereses y, sin el acceso a la justicia colectiva tampoco. Ello llevó a la reforma del artículo 17 constitucional en el año 2010 para incluir como derecho fundamental la justicia colectiva.
En México es preciso vincular la economía circular con la economía social y solidaria, ya que nuestro país, al igual que otros países de Latinoamérica, presenta los niveles de desigualdad social más altos del planeta, por lo que resulta insoslayable la redistribución de la riqueza como una de las tareas sociales de mayor urgencia. Las empresas de Economía Social representan la vía para transformar las estructuras productivas desde la primera célula de producción y distribución de la riqueza.[6]
Desde 2012 México cuenta con una Ley de Economía Social y Solidaria, cuyo objeto es contribuir al desarrollo social y económico del país, a la generación de fuentes de trabajo digno, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución del ingreso y a la mayor generación de patrimonio social. En este contexto, la Economía Social y Solidaria constituye otra forma de hacer economía, donde lo que está en el centro son las personas, y no el capital que puedan poseer, y donde valores como la solidaridad y la cooperación se sobreponen a los intereses individuales.
En México ya inició la evolución de la legislación de los residuos para incorporar la aplicación de la economía circular:
Evolución de la legislación mexicana de la prevención y gestión integral de los residuos para incorporar los principios y prácticas de la economía circular regenerativa e incluyente
En nuestra legislación nacional, los residuos y sus generadores se definen relacionándolos con la producción y el consumo de bienes:
Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que de ella deriven.
Generador: Persona física o moral que produce residuos, a través del desarrollo de procesos productivos o de consumo.
A su vez, las definiciones legales de aprovechamiento y valorización de los residuos de manera consistente con lo que persigue la economía circular:
El Aprovechamiento de los Residuos: Es el conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor económico de los residuos mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, reciclado y recuperación de materiales secundarios o de energía.
La Valorización: Es el principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos, mediante su reincorporación en procesos productivos, bajo criterios de responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia ambiental, tecnológica y económica.
No menos importante, es cómo se concibe la responsabilidad compartida en la legislación mexicana de los residuos:
Responsabilidad Compartida: Principio mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos urbanos y de manejo especial son generados a partir de la realización de actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos, y que, en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y de los tres órdenes de gobierno según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social.
En este contexto, lo que se busca erradicar es la economía lineal en la que se extraen recursos, para producir y consumir bienes que se desechan como residuos. Ello porque, se trata de un sistema económico altamente desperdiciador de recursos, que se ha visto acompañado del crecimiento de la pobreza, el hambre, la desigualdad, la inequidad de género y el empleo informal o falta de empleo de grandes núcleos de la población, así como por la pérdida acelerada de la biodiversidad y el cambio climático.
La Visión Nacional Hacia Una Gestión Sustentable: Cero Residuos, publicada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)[7], tiene como principios rectores:
- Desarrollo sustentable. Considerar la integralidad del desarrollo del país, con aspectos económicos, sociales y ambientales.
- Economía Circular. Establecer las bases y desarrollar los mecanismos e instrumentos para implementar un enfoque de economía circular que fortalezca la gestión sustentable de materiales, con una visión cero residuos.
- Combate a la corrupción y transparencia en la gestión pública. Prevenir y evitar la discrecionalidad en la prestación y cobro de servicios.
- Atención a poblaciones vulnerables y justicia social. Dar capacitación y servicio a poblaciones aisladas y con pocos habitantes. Formación de cooperativas y grupos de trabajo para colaborar en la recolección, acopio y manejo de residuos.
- Reducir el riesgo e impactos en la salud y medio ambiente. Evitar la proliferación de enfermedades y efectos dañinos en salud por el manejo inadecuado de los residuos, así como el riesgo e impactos en el medio ambiente.
- Bienestar social y reducción de la desigualdad. Ampliar la cobertura de servicios y atender a comunidades menores a 10 mil habitantes.
- Establecer mecanismos de coordinación y seguimiento para lograr la armonización y articulación con los programas y políticas relativos a la igualdad de género.
Por su parte, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) realizó una evaluación de las experiencias nacionales relacionadas con lo que persigue la economía circular, a fin de contar con elementos para construir la hoja de ruta para que México transite hacia ella.[8]
En estas circunstancias, se deben de tener presentes los principios siguientes en los que se basa la economía circular hacia la que México busca transitar, que contribuyen a la regeneración de los recursos naturales:
- Preservar y mejorar el capital natural a través de medidas que permitan la restauración y regeneración de los sistemas y recursos naturales.
- Optimizar el uso de los recursos al mantener los materiales y productos en ciclos continuos y alargar su vida útil.
- Promocionar la eficacia de los sistemas, a través de la detección y eliminación desde el diseño de los factores externos negativos, para no contaminar el ambiente y generar riesgos a la salud humana y al resto de la biota.
Destaca el papel de la economía circular como fuente de nuevos modelos de negocio:
- Al constituirse en un sistema económico que se basa en la reducción, reutilización alternativa, reciclaje y recuperación de materiales.
- En los procesos de producción, distribución y consumo; a nivel micro (productos, pequeñas empresas y consumidores), nivel meso (parques eco- industriales) y macro (ciudad, región, nación).
- Con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible que implica crear calidad ambiental, crecimiento económico y equidad social en beneficio de las generaciones actuales y futuras.
Ante todo, la economía circular se caracteriza por ser restaurativa y regenerativa como fin, y se trata de que, en todo momento, los productos, componentes y materiales mantengan su utilidad y valor máximo, así como que se distinga entre ciclos técnicos y biológicos.
Es importante destacar, que no puede haber economía circular sin eficiencia energética y aplicación de energías limpias y renovables de manera acorde con sus principios; así como tampoco sin consumo circular del agua, el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, el suelo y los biorresiduos, y la aplicación de la responsabilidad extendida de los productores sobre sus productos (REP).
En cuanto a la prevención de la generación de los residuos, ésta puede lograrse:
- Mediante la adopción de medidas antes de que una sustancia, material, producto o subproducto se haya convertido en residuo.
- Esto se inicia en las plantas productivas con el diseño de productos de bajo desperdicio y contenido de materiales peligrosos, durables y de fácil desensamble.
- A lo cual se suman medidas para lograr la extensión de la vida útil de los productos, como el mantenimiento preventivo, la reparación, renovación, reutilización, venta de productos y componentes usados, remanufactura y transformación en materiales secundarios mediante reciclaje de calidad.
Tratándose del diseño de los modelos de economía circular a nivel nacional y que respondan a las particularidades de los distintos municipios y regiones del país, es conveniente aplicar el Modelo de Innovación de la Quíntuple Hélice, que implica la participación informada y coordinada del gobierno, la iniciativa privada, la academia y la sociedad civil, debida cuenta del entorno natural de la sociedad.
Ello, de manera acorde con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, relativo al establecimiento de alianzas para lograr dichos objetivos; así como a manera de construir modelos de economía circular regenerativa a nivel micro (productos, pequeñas empresas y consumidores), nivel meso (parques eco- industriales) y macro (ciudades, municipios, estados, regiones, y del país). Esto para lograr un desarrollo sostenible que implica crear calidad ambiental, crecimiento económico y equidad social en beneficio de las generaciones actuales y futuras.
Las siguientes tres imágenes resumen cómo visualizar la economía circular para México en general y a nivel municipal.
Ámbitos de la aplicación de la economía circular comunitaria local y regional
Bienvenidas sus opiniones al respecto:
cristina.cortinas@fundacionccortinas.org
NOTAS:
[1] Presidenta de la Red Queretana de Manejo de Residuos A.C. y de la Fundación Cristina Cortinas A.C., organizaciones no lucrativas. Para mayor información consultar las páginas: www.cristinacortinas.org y www.fundacionccortinas.org
[2] Izarelly Rosillo Pantoja (2021). Políticas públicas ambientales. Un enfoque jurídico, administrativo y social. Editorial Gedisa Mexicana, S.A.
[3] Rafael Sánchez Vázquez. (2015). El derecho constitucional a la educación en México. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/35.pdf
[4] Adriana Labardini Inzunza (2013). Del derecho de protección de los consumidores y su organización. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3567/33.pdf
[5] Disponibles en: http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/7CRumbo/1983MMH-ExpMotRefConst.html
[6] Cristina Cortinas , Izarelly Rosillo y Mauricio Zenteno (2021). Antecedentes para fortalecer la legislación de residuos y contribuir a mitigar el cambio climático al transitar hacia una economía circular en México. www.fundacionccortinas.org
[7] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/435917/Vision_Nacional_Cero_Residuos_6_FEB_2019.pdf
[8] Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). 2020 Martínez Arroyo A., Octaviano Villasana C.A., Nieto Ruiz J., Evaluación de la situación actual de la economía circular para el desarrollo de una hoja de ruta para Brasil, Chile, México y Uruguay. pp.59