Sobre la nueva Ley General de Economía Circular

I. Promover la eficiencia de los productos, servicios, materiales, materias primas secundarias, subproductos a través de la reutilización, el reciclaje y el rediseño, o cualquier criterio de economía circular, así como la valorización energética para cumplir con las políticas de cero residuos;

II. Promover que, en las actividades económicas, se observen criterios de economía circular;

III. Facilitar el desarrollo tecnológico para el reciclaje, la reutilización y el rediseño de productos, basado en los principios de Economía Circular;

IV. Estimular el desarrollo económico a través de la promoción de acciones que permitan a las actividades económicas cumplir con principios de economía circular;

V. Impulsar y fomentar que los productos incorporen criterios de economía circular;

VI. Promover la integración de cadenas de valor en términos de la presente Ley;

VII. Promover y difundir una cultura de corresponsabilidad ambiental en la población, para lograr un consumo responsable;

VIII. Completar las cadenas económicas y ambientales del flujo de recursos;

IX. Facilitar la transformación hacia ciudades y comunidades sostenibles bajo criterios de sustentabilidad;

X. Fomentar el uso, la generación y el acceso a energía limpia y renovable con apego a los principios de economía circular, y

XI. Promover la transición hacia una cultura de mayor sustentabilidad.

Artículo 6.- La aplicación administrativa de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal, en coordinación con las Entidades Federativas, con la participación que corresponda a sus municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, con los órganos autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 9.- Las atribuciones que esta Ley confiere a la Federación serán ejercidas por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría (SEMARNAT). En el caso de que se requiera la intervención de otras dependencias para la aplicación de esta Ley, la Secretaría ejercerá sus atribuciones de coordinación, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás disposiciones legales aplicables.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que ejerzan atribuciones que les confieran otros ordenamientos cuyas disposiciones se relacionen con el objeto de la presente Ley, ajustarán su ejercicio a los criterios, reglamentos, normas oficiales mexicanas, y demás disposiciones jurídicas que se deriven del presente ordenamiento.

Será facultad exclusiva de la Federación toda aquella regulación que impacte el desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, relativo a la fabricación, transformación, maquila, comercio, distribución, donación, transporte, enajenación o cualquier otro acto económico afín, asegurándose que no se impida de forma alguna la competitividad, el desarrollo sostenible, y la libre y espontánea dinámica de las diferentes cadenas económicas.

I. Diseñar, formular, conducir y evaluar la política nacional, así como elaborar el programa nacional de fomento en materia de Economía Circular a través de la Secretaría de Economía en coordinación con la Secretaría y coordinar acciones de fomento con las Entidades Federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Desarrollar e implementar incentivos económicos de mercado y fiscales para personas físicas o morales que incorporen criterios de economía circular en sus procesos productivos;

III. Promover el rediseño, la remanufactura, la reutilización, el reacondicionamiento, el reciclaje, el compostaje, el coprocesamiento, la valorización o aprovechamiento de bienes, productos y servicios con base en los análisis de viabilidad ambiental, técnica y económica que para tal efecto se realicen, así como el establecimiento y operación de los organismos operadores;

IV. Expedir reglamentos, normas oficiales mexicanas, estándares y demás disposiciones jurídicas necesarias para fomentar e impulsar una Economía Circular;

V. Impulsar políticas públicas para lograr los objetivos de la presente Ley, e integrar los resultados al Sistema de Información Ambiental y de Recursos Naturales;

VI. Vigilar y monitorear la operación de los instrumentos de la presente Ley;

VII. Operar y evaluar el Programa Nacional de Fomento de Economía Circular en el que se incluya la participación de las Entidades Federativas, municipios y demarcaciones territoriales;

VIII. Fomentar el cumplimiento de la normatividad en materias de su competencia y establecer las sanciones que en su caso se ameriten;

IX. Celebrar convenios con las Entidades Federativas, municipios o demarcaciones territoriales, así como con los sectores público, privado y sociales para el desarrollo de esta Ley;

X. Desarrollar e implementar un esquema de incentivos económicos, de mercado y fiscales para la cadena de valor que implementen criterios de economía circular en sus procesos productivos;

XI. Promover la simplificación administrativa que favorezca el desarrollo de los mercados de subproductos o de materias primas secundarias bajo criterios de economía circular;

XII. Contemplar periodos de transición para la adaptación gradual de los procesos productivos y la integración de las cadenas de suministro bajo criterios de Economía Circular.

I. Formular, implementar y evaluar de manera coordinada con la Federación, la política estatal en materia de fomento a la economía circular;

II. Expedir conforme a sus respectivas atribuciones y de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, en coordinación con la Federación y de conformidad con el Programa Nacional de Fomento de la Economía Circular, los ordenamientos jurídicos que permitan darle cumplimiento conforme a sus circunstancias particulares;

III. Promover, en coordinación con el Gobierno Federal y las autoridades correspondientes, la creación de infraestructura para el desarrollo y la implementación del fomento de la Economía Circular, con la participación de inversionistas y representantes de los sectores sociales y privados interesados;

IV. Impulsar la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías, equipos, materiales, sistemas y procesos que fomenten la Economía Circular;

V. Promover la participación de los sectores privado y social en el diseño e instrumentación de acciones para fomentar la Economía Circular, conforme a los lineamientos de esta Ley, sus reglamentos y las Normas Oficiales Mexicanas, estándares o sus equivalentes;

VI. Promover la educación y capacitación continua de personas, grupos u organizaciones de todos los sectores de la sociedad, para fomentar entre la población, una cultura de corresponsabilidad ambiental en el ámbito de la producción y consumo de bienes, bajo el concepto de fomento de Economía Circular;

VII. Coadyuvar con el Gobierno Federal en la integración de los subsistemas de información nacional sobre Economía Circular;

VIII. Suscribir convenios y acuerdos con las cámaras industriales, comerciales y de otras actividades productivas, los grupos y organizaciones privadas y sociales, para llevar a cabo acciones tendientes a cumplir con los objetivos de esta Ley, en las materias de su competencia;

IX. Diseñar y promover ante las dependencias competentes el establecimiento y aplicación de instrumentos económicos, fiscales y financieros, que tengan por objeto fomentar la Economía Circular;

XII. Someter a consideración de la Secretaría, programas para fomentar la Economía Circular con el objetivo de recibir asistencia técnica del Gobierno Federal;

XIII. Integrar la información de los indicadores de Economía Circular, conforme al ámbito de sus competencias al Sistema de Información Ambiental y de Recursos Naturales;

XIV. Generar un padrón estatal de las actividades de su competencia que cuenten con planes de Economía Circular;

XV. Suscribir convenios y acuerdos con las organizaciones empresariales, con la banca de desarrollo, cooperativas, sector social, los grupos y organizaciones privadas, las micro, pequeñas y medianas empresas y otras instancias que coadyuven al desarrollo económico, para llevar a cabo acciones, incluyendo las de los planes o programas de responsabilidad social, tendientes a cumplir con los objetivos de esta Ley;

XVI. Fomentar la creación y establecimiento de organismos operadores y el manejo de la economía circular del gobierno estatal

Artículo 11.- Las entidades federativas, con arreglo a sus respectivas constituciones, podrán expedir las disposiciones legales en concordancia con lo establecido en la presente ley y con las políticas federales de fomento a la competitividad económica tomando en cuenta:

I. La no incidencia en materias de regulación o limitación comercial o industrial;

II. El impacto en cada uno de los eslabones de la cadena productiva, para decidir sobre las alternativas más convenientes y sus efectos en el largo plazo, y sin afectar la competitividad.

III. Los instrumentos internacionales de los que México sea parte.

La no sobrerregulación en materias ya reguladas en otros instrumentos, así como tener en cuenta la viabilidad técnica, ambiental y económica de estas disposiciones.

I. Participar en coordinación con las entidades federativas y representantes de los distintos sectores sociales, en la promoción de modelos de Economía Circular en sus circunscripciones;

II. Emitir los reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas de observancia general dentro de sus jurisdicciones respectivas, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley y en las disposiciones legales que emitan las Entidades Federativas correspondientes;

III. Aportar información para el padrón estatal de las empresas con programas de Economía Circular;

IV. Participar y aplicar, en colaboración con la federación y el gobierno estatal, instrumentos económicos que incentiven el desarrollo, adopción y despliegue de tecnología y materiales según los principios de la Economía Circular;

V. Establecer las contribuciones correspondientes a los particulares que administren, se les concesione o se les asigne un sitio de disposición final;

VI. Suscribir convenios y acuerdos con las organizaciones empresariales, con la banca de desarrollo, cooperativas, sector social, los grupos y organizaciones privadas, micro, pequeñas y medias empresas, y otras instancias que coadyuven al desarrollo económico; para llevar a cabo acciones, incluyendo las de los planes o programas de responsabilidad social, tendientes a cumplir con los objetivos de esta Ley;

VII. Las demás que se establezcan en esta Ley, las normas oficiales mexicanas y otros ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.

Los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con acuerdo de sus ayuntamientos podrán coordinarse y/o asociarse para una eficiente implementación de las disposiciones previstas en este artículo.

Dichas políticas públicas se implementarán de manera gradual y con metas y plazos previamente establecidos con los sectores nacionales correspondientes y acordes a parámetros internacionales, conforme a la viabilidad técnica, económica y social; y deberán incorporar medidas para mitigar los posibles impactos negativos derivados del cambio de patrones de producción y consumo, tales como pérdida de empleos.

Artículo 24.- Se impulsará la manufactura, elaboración, comercialización, distribución, venta o uso de bienes, mercancías o productos hechos de materias primas que cumplen con estándares nacionales o internacionales, que estén diseñados intencionalmente para ser reincorporados a una cadena de valor.

I.         El Programa Nacional de Economía Circular;

II.        El Plan de Economía Circular, y

III.       Los incentivos fiscales e instrumentos económicos.

I.         Establecer las bases para que la Federación, las Entidades Federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se coordinen para transitar hacia una Economía Circular, con visión de mediano y largo plazo;

II.        Disponer los mecanismos de vinculación entre los diferentes eslabones de la Economía Circular de manera eficiente, segura, permanente y sustentable;

III.       Prever la generación institucional de indicadores estadísticos, de control y de mejora, en materia de Economía Circular;

IV.       Impulsar la creación de mecanismos económicos y financieros para el desarrollo de la Economía Circular en el país;

V.        Coadyuvar a la regularización de los grupos informales de personas acopiadoras, su desarrollo social e inclusión a la economía formal, con pleno respeto y reconocimiento a sus derechos humanos;

VI.       Crear esquemas para facilitar el intercambio de estrategias y experiencias con gobiernos y organizaciones internacionales que practiquen y fomenten la Economía Circular;

VII.      Establecer políticas de reutilización, reciclaje, aprovechamiento y valorización en función del volumen en un orden de prelación descendente, de conformidad con el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, dispuesto en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos;

VIII.    Fomentar el rediseño, la restauración y reparación de bienes y productos;

IX.       Promover el uso, producción y adquisición de productos y materiales reutilizables y reciclables o que sean compostables o que cumplan con criterios de Economía Circular,

X.         Diseñar y promover acciones orientadas a la difusión del conocimiento en temas de economía circular que promuevan la concientización de la población, incidan en el cambio de patrones de consumo y producción e incentiven la adopción de compromisos que ayuden a transitar hacia una economía circular.

Artículo 42.- La Secretaría podrá suscribir convenios con entes públicos o privados, en todos los ámbitos, para cumplir con los objetivos del Programa Nacional de Economía Circular.

Artículo 43.- La Secretaría definirá en el Reglamento de esta Ley, las disposiciones necesarias para la operación del Programa Nacional de Economía Circular.

I.         Apoyo a la educación;

II.        Apoyo a grupos informales de personas acopiadoras;

III.       Atención médica básica a grupos informales de personas acopiadoras;

IV.       Remediación de sitios contaminados;

V.        Generación de empleos;

VI.       Implementación de infraestructura;

VII.      Recuperación de espacios públicos;

VIII.    Remediación de sitios no controlados de disposición de residuos;

IX.       Apoyo para completar cadenas económicas mediante el desarrollo de tecnología, de redes logísticas o de centros de acopio;

X.         La creación de mercados de subproductos;

XI.       El fomento al desarrollo tecnológico;

XII.      Fomento al acceso de agua potable;

XIII.     Apoyo a la regularización de grupos informales de personas acopiadoras;

XIV.     Fomento al acceso a la educación básica, y

XV.      Todas las demás que propongan las empresas en su Plan de Economía Circular.

Artículo 22.- La Federación establecerá los elementos pertinentes dentro del Código Fiscal de la Federación y de las leyes fiscales correspondientes con el objetivo de:

I.         Incentivar a que las y los contribuyentes incluyan a cadenas de valor las mercancías sujetas a destrucción conforme a la legislación aplicable;

II.        Registrar a los grupos informales de personas acopiadoras dentro de un régimen fiscal preferente que les permita salir de la informalidad fiscal, comercializar sus productos con personas físicas o morales cuya actividad esté relacionada con las materias primas de secundarias, y que les brinde oportunidades para acceder a los programas instrumentados en el marco de la presente Ley;

III.       Prestar servicios de reciclaje, rediseño, restauración, reparación de bienes y productos, así como de manejo de productos compostables para que cuenten con deducibilidad fiscal, conforme al artículo 35 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y

IV.       Priorizar los materiales susceptibles de reciclaje o que al final de su vida útil puedan ser materias primas secundarias en la adquisición, en la enajenación o compra de materiales por parte de los distintitos órdenes de gobierno.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno facilitarán la gestión de las materias primas secundarias para agilizar su incorporación a una cadena de valor.

Artículo 23.- La Secretaría en coordinación con las autoridades en materia fiscal, actualizarán los instrumentos de carácter fiscal para promover e incentivar las cadenas de valor y el uso de materias primas secundarias, así como la congruencia en el manejo de conceptos.

Artículo 24.- Se impulsará la manufactura, elaboración, comercialización, distribución, venta o uso de bienes, mercancías o productos hechos de materias primas que cumplen con estándares nacionales o internacionales, que estén diseñados intencionalmente para ser reincorporados a una cadena de valor.

La Secretaría expedirá la Norma Oficial Mexicana que contendrá el listado de productos que deben cumplir con este artículo.

Artículo 26.- La información a la que se refiere el artículo anterior debe ser de fácil compresión, veraz, sencilla, visible y gráficamente entendible, para facilitar la separación de residuos, su reutilización y reciclaje, con base a la Norma Oficial Mexicana que para tal efecto se expida.

I.         La importancia del consumo responsable;

II.        El valor y ciclo de vida de los objetos y mercancías;

III.       La importancia del ciclo de vida de un producto;

IV.       La importancia del correcto manejo de residuos;

V.        La concientización de la sociedad para la responsabilidad compartida en la protección y mejoramiento del medio ambiente;

VI.       El valor del trabajo de los grupos informales de personas acopiadoras;

VII.      Cero residuos por diseño. Nada se desperdicia, los sobrantes se planean para ser usados en reparaciones, ser desmantelados o ser reutilizados;

VIII.    Alternativas de aprovechamiento:

a)        Compostables;

b)        Reutilizables, reciclables o valorizables;

IX.       Uso de energía limpia y renovable.

Para estos efectos, se deberá establecer la coordinación pertinente entre la Secretaría y la Secretaría de Educación Pública.

Artículo 30.- Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, organismos del sector social y privado, organizaciones no gubernamentales, investigadores y especialistas de la materia, con el fin de llevar a cabo investigaciones que permitan el desarrollo de la Economía Circular.

Artículo 31.- Las personas físicas o morales cuyas actividades se sujeten a los criterios de Economía Circular concertarán acciones con el Gobierno Federal, estatal o municipal, para promover la educación en temas relativos a la Economía Circular.

Artículo 38.- Los terceros autorizados tendrán la obligación de entregar a la Secretaría de forma periódica un registro de las certificaciones emitidas con las especificaciones que establezcan los reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas, o Estándares vigentes.

Artículo 39.- Las certificaciones de cero residuos a sitios de disposición final serán distintivos que podrán obtener las personas físicas o morales y municipios o estados, al demostrar su cabal cumplimiento a los ordenamientos federales en materia de manejo de residuos en un esquema de Economía Circular. La Secretaría será la encargada de expedir los lineamientos para obtenerla, así como la vigencia de dicha certificación.

Artículo 14.- Las Entidades Federativas presentarán periódicamente a la Secretaría, el registro de personas físicas o morales dedicadas al rediseño, restauración, reciclaje y transformación de residuos y de productos que han concluido su primera vida útil.

Quedarán exentos de esta obligación los microgeneradores y pequeños generadores, de acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Si los sujetos obligados cuentan con un plan de manejo de residuos registrado ante la autoridad competente que incluya algún indicador de economía circular previsto en esta Ley, bastará con que dicho plan esté registrado ante la Secretaría y no será necesario que presenten el Plan de Economía Circular a que se refiere el párrafo anterior.

En caso de que se cuente con alguna certificación nacional o internacional, plan o programa que cumpla con alguno de los criterios de economía circular previstos en esta Ley, dicho instrumento podrá ser registrado ante la Secretaría en cuyo caso no será necesario presentar el Plan de Economía Circular a que se refiere el presente artículo.

Los interesados podrán adherirse a los planes o programas registrados.

Quienes cuenten con un Plan o Programa a que se refiere el presente artículo para cumplir con los objetivos de esta Ley registrado ante la Secretaría, no se les podrá exigir ningún otro instrumento similar por parte de autoridades estatales ni municipales.

Artículo 27.- Toda persona física o moral, cuya actividad sea la fabricación, elaboración, manufactura, producción y distribución de aparatos eléctricos y electrónicos en territorio nacional, que al final de su vida útil se conviertan en residuos, deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento, para presentar su plan de manejo el cual entregará a la Secretaría.

La Secretaría promoverá en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el sector privado, incentivos para la renovación vehicular que permitan un mejor rendimiento de combustible y mayor seguridad vial.

Artículo 18.- Los productos o subproductos que no sean susceptibles de reutilización, reparación, reciclaje o de reincorporación a cadenas de valor, podrán utilizarse para transformarse en energía a través de procesos de valorización, conforme a la normatividad aplicable o podrán ser transferidos fuera del país para su aprovechamiento en otras cadenas productivas, apegándose a los acuerdos internacionales de los que México sea parte.

Artículo 19.- Toda persona física o moral, institución o entidad gubernamental que opere centros de disposición final como rellenos sanitarios, deberá aprovechar la energía de los gases que de la misma instalación emanen, previo análisis de viabilidad ambiental, técnica y económica.

Dichos planes de manejo deberán contener por lo menos:

I.         Descripción general de los aparatos eléctricos y electrónicos;

II.        Estrategias de recolección, y

III.       Entrega de residuos a las empresas recicladoras autorizadas por las autoridades competentes.

Artículo 28.- En la labor de comunicación y difusión de los programas y planes contemplados en este ordenamiento que deberán realizar los tres órdenes de gobierno, se divulgará entre la población los beneficios, alcances y compromisos que implica la instrumentación de la Economía Circular, a fin de garantizar la participación pública y privada.

Artículo 49.- Los gobiernos municipales deberán incluir en sus programas a los grupos informales de personas acopiadoras que realicen alguna actividad de comercio ambulante, como mercados sobre ruedas, ferias municipales y otros, para brindarles acceso a la información e instrumentos establecidos en la presente Ley.

Artículo 50.- Los grupos informales de personas acopiadoras dedicados a la pepena que laboren en cualquier sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos a cargo de los gobiernos municipales o en donde sean vertidos los que sean recolectados por el servicio municipal, deberán ser regularizados por las instituciones municipales, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, incrementar las tasas de recuperación de los materiales reciclables, mejorar la operatividad de los sitios de disposición final y dar cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Artículo 51.- Los gobiernos municipales serán responsables de regularizar e integrar en un Padrón Oficial, a las personas acopiadoras que realicen alguna actividad de acopio, compraventa, reciclaje y aprovechamiento de los subproductos con valor comercial, con el fin de promover el desarrollo del mercado del reciclaje, incrementar las tasas de recuperación de materiales reciclables, mejorar las condiciones de trabajo en sus instalaciones y profesionalizar su actividad.

Artículo 52.- Los gobiernos municipales, con el apoyo de los gobiernos estatales, deberán promover y difundir una red de personas acopiadoras en su ámbito territorial, con el fin de promover el conocimiento de su existencia y localización entre la ciudadanía, para el desarrollo del mercado del acopio y el reciclaje.

Artículo 53.- En el marco del proceso de regularización de los grupos informales de personas acopiadoras, se incluirá un programa para mejorar e incrementar su capacidad para captar y clasificar materiales, y aumentar el valor agregado a los materiales que comercializan, para el desarrollo del mercado de reciclaje o de aprovechamiento.

Artículo 54.- Los gobiernos municipales, deberán presentar anualmente a la Secretaría un reporte con el inventario de las cantidades generadas de subproductos con valor comercial contenidos en los residuos que generan, sus porcentajes de recuperación, destino y actividades en que son empleados.

I.         Evitar la destrucción de valor en cadenas económicas;

II.        Generar proyectos productivos o asistenciales;

III.       Disminuir la huella ambiental;

IV.       Cerrar cadenas económicas;

V.        Brindar asistencia para la inclusión a sectores informales;

VI.       Generar empleos, y

VII.      Generar bienestar social.

Artículo 45.- Se consideran organismos operadores de la Economía Circular los pertenecientes a los sectores público, privado o mixto conformados como:

I.         Asociaciones o Sociedades Civiles o mercantiles;

II.        Bancos de materiales;

III.       Bancos de alimentos;

IV.       Plantas de composta;

V.        Plantas de generación de energía limpia;

VI.       Comedores comunitarios;

VII.      Centros de capacitación y enseñanza;

VIII.    Centros y empresas comunitarias;

IX.       Cooperativas;

X.         Huertos comunitarios;

XI.       Centros de formalización y atención a sectores informales, y

XII.      Las demás que determine la Secretaría.

Artículo 46.- Dentro de los objetivos de los bancos se podrán contribuir con los siguientes:

I.         El proceso de reciclaje;

II.        La remanufactura, la reparación, la reutilización y el reacondicionamiento;

III.       La creación de materias primas recicladas, y

IV.       Fortalecimiento del Mercado de subproductos.

Artículo 47.- Los organismos operadores podrán suscribir convenios con la Secretaría, los estados, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para cumplir con sus objetivos. Así mismo, podrán acceder a los estímulos establecidos en el Programa Nacional de Economía Circular.

I.         Multa por el equivalente de veinte a sesenta mil Unidades de Medida y Actualización vigente al momento de imponer la sanción;

II.        Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando:

a.        El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad, con las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas;

b.        En casos de reincidencia cuando las infracciones generen efectos negativos al ambiente, o

c.         Se trate de desobediencia reiterada, en dos o más ocasiones, al cumplimiento de alguna o algunas medidas correctivas o de urgente aplicación impuestas por la autoridad;

III.       Arresto administrativo hasta por 36 horas;

IV.       Reparación del daño;

V.        Servicio Comunitario, y

VI.       La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes.

Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones que se hubieren cometido, resultare que dicha infracción o infracciones aún subsisten, se impondrán multas por cada día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de las multas exceda el monto máximo permitido, conforme a la fracción I del presente artículo.

Artículo 56.- En el caso de reincidencia, el monto de la multa será hasta por tres veces del monto originalmente impuesto, sin importar si este nuevo monto rebasa los establecidos en el artículo anterior. Adicionalmente, podrá sancionarse hasta con la clausura definitiva.

Artículo 57.- Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un periodo de dos años, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.

Artículo 58.- Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta Ley, se tomará en cuenta:

I.         La gravedad de la infracción, considerando principalmente los efectos negativos sobre los indicadores ambientales de impacto y, en su caso, los niveles en que se hubieran rebasado los límites establecidos en la Norma Oficial Mexicana aplicable;

II.        Las condiciones económicas del infractor;

III.       La reincidencia, si la hubiere;

IV.       El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la infracción;

V.        El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos que motiven la sanción, y

VI.       En el caso en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación, o subsane las irregularidades en que hubiere incurrido, previamente a que la Secretaría imponga una sanción, dicha autoridad deberá considerar tal situación como atenuante de la infracción cometida.

Artículo 59.- Las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de la aplicación de esta Ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, podrán ser impugnadas por los afectados, mediante el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, o ante las instancias jurisdiccionales competentes.

El recurso de revisión se interpondrá directamente ante la autoridad que emitió la resolución impugnada, quien, en su caso, acordará su admisión, y el otorgamiento o denegación de la suspensión del acto recurrido, turnando el recurso a su superior jerárquico para su resolución definitiva.

La resolución del procedimiento administrativo y la que recaiga al recurso administrativo de revisión, podrán controvertirse en vía de juicio ante los juzgados de distrito en materia administrativa. Cuando se impugne la resolución del recurso administrativo, se entenderá que simultáneamente se impugna la resolución administrativa recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.

Artículo 60.- En caso de que se expidan licencias, permisos, autorizaciones o concesiones contraviniendo esta Ley, serán nulas y no producirán efecto legal alguno, y los servidores públicos responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.